La Subsecretaría de Educación Superior informa que, con fecha lunes 17 de noviembre, ingresó un recurso de reposición ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando reconsiderar la admisibilidad de la consulta presentada por un grupo de universidades privadas respecto a los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para el financiamiento institucional de la Gratuidad, aplicables a partir del año académico 2026. 

La presentación realizada por esta Subsecretaría se fundamenta en que la consulta admite materias reguladas por un régimen jurídico especial, completo y autosuficiente, establecido en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior. Dicha normativa define un sistema objetivo para el cálculo de aranceles, incorporando procedimientos, criterios técnicos y mecanismos de control a cargo de instituciones especializadas, volviendo inconducente la solicitud de intervención de órganos distintos a los previstos en la institucionalidad. 

El recurso señala, además, que la consulta presentada por las instituciones privadas no cuestiona la correcta aplicación de las resoluciones dictadas por la Subsecretaría, sino que busca impugnar indirectamente criterios establecidos por la propia ley. Por ello, se argumenta que el requerimiento excede el carácter preventivo propio del procedimiento consultivo contemplado en el DL 211 en materia de libre competencia. 

Asimismo, y pese a que la consulta de las universidades fue presentada como un procedimiento “no contencioso”, se advierte que la acción posee un carácter eminentemente contencioso, al imputar arbitrariedad e ilegalidad a actos administrativos dictados en cumplimiento de la ley y solicitar medidas propias de un litigio, como la suspensión de los efectos de dichas resoluciones. Tal pretensión desnaturaliza la finalidad del procedimiento consultivo e intenta reabrir un debate técnico ya resuelto en las instancias institucionales pertinentes, incluida la revisión efectuada por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. 

En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Educación Superior ha solicitado al H. Tribunal dejar sin efecto la resolución que declaró admisible la consulta y disponer su inadmisibilidad, resguardando así el correcto funcionamiento del proceso de regulación de aranceles y el respeto al marco normativo que rige al sistema de educación superior.