En relación con la situación actual de la Universidad La República (ULARE), desde la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Superior (SES) estimamos necesario dar a conocer a la opinión pública el estado actual en que se encuentra este proceso desde el prisma de la regulación.
Es preciso recordar, en primer lugar, que el procedimiento administrativo iniciado por autoridades anteriores en 2019 contra la ULARE fue anulado – en su etapa decisoria – por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2022. Ésta determinó que las acciones administrativas realizadas hasta entonces habían quebrantado “de manera flagrante” el debido proceso, lo que impidió avanzar hacia la revocación de su reconocimiento oficial y la cancelación de su personalidad jurídica. En la práctica, tal decisión implicó retrotraer el procedimiento a una etapa previa a la decisión de cierre.
A partir del nombramiento definitivo del titular de la Superintendencia de Educación Superior en febrero de 2023, ha sido posible viabilizar un trabajo coordinado entre la SES y la Subsecretaría de Educación Superior para avanzar decididamente en el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal y concluir el proceso administrativo en curso a la brevedad posible, sin perjuicio de las distintas funciones que corresponden a cada organismo.
A lo largo de todo este período, la Subsecretaría de Educación Superior ha sostenido un diálogo permanente y fluido con estudiantes y autoridades de la ULARE. Por su parte, la SES ha estado recabando mayores antecedentes y monitorea de cerca el actual funcionamiento de ULARE, con una especial preocupación de proteger a sus estudiantes y sus familias. Esta situación también ha sido analizada reiteradamente por el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad durante todo el año 2022, en pos de asegurar la necesaria articulación de las diferentes instituciones en el desarrollo de soluciones jurídicamente robustas.
En su reunión de hoy, este Comité abordó nuevamente la situación actual de la Universidad La República, revisando el estado en que se encuentra su proceso y avanzando en la creación de una mesa interinstitucional para concordar criterios jurídicos que permitan una pronta solución a este problema dentro del marco legal vigente y en la que participan representantes de la Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación Superior.
Próximamente, la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior estarán comunicando los pasos a seguir en este contexto, de manera de proteger efectivamente a los estudiantes, académicos y a las familias afectadas por esta situación.
